🔍 Contexto

**Representante Héctor Ferrer Santiagoadvierte a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que la enmienda al contrato de asesoría legal de Janet Parra no subsana presunta ilegalidad**

El representante Héctor Ferrer Santiago, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), envió una misiva el jueves a Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la OEG, advirtiendo que la enmienda al contrato no elimina la falta ética cometida al otorgarlo originalmente. Según Ferrer Santiago, la violación a la ley y la falta administrativa se consumaron con la firma del contrato original el 12 de febrero. El legislador presentó una querella por violaciones a la Ley Orgánica de la OEG.

**La enmienda al contrato elimina la referencia al Departamento de Justicia, pero mantiene la función de asesorar en asuntos relacionados con la investigación**

El contrato original enumeraba tareas como servir de enlace y apoyo con el Departamento de Justicia y asesorar en todo asunto relacionado con la investigación. La enmienda del 6 de marzo elimina la referencia al Departamento de Justicia, pero mantiene la función de asesorar en asuntos relacionados con la investigación. Ferrer Santiago argumenta que esta enmienda no puede servir como justificación para suspender o archivar la investigación liderada por la OEG.

**La exfiscal Janet Parra tiene otros contratos con el gobierno, incluyendo uno con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otro con el Departamento de Corrección y Rehabilitación**

Según el Registro de Contratos de la Contraloría, aparte del acuerdo por $50,000 hasta el 30 de junio, la exfiscal tiene otros dos contratos con el gobierno: uno por $125,000 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otro por $55,000 con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ferrer Santiago sostiene que esta enmienda no puede servir como justificación para perpetuar la impunidad de una exsecretaria de Justicia que conoce muy bien nuestro ordenamiento jurídico. La querella del legislador alega una violación al Artículo 4.6(b) de la Ley 1-2012, que dispone que un exfuncionario no puede ofrecer información o asesorar en forma alguna a una agencia para la que laboró durante los dos años siguientes a la fecha de terminación de su empleo gubernamental.