🔍 Contexto

**La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de ACODECO**

La Defensoría del Pueblo expresó su apoyo a la medida adoptada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) para suspender el aumento tarifario en los planes de telefonía móvil. La entidad considera que esta decisión es fundamental para proteger los derechos de los usuarios mientras se analiza la legalidad y razonabilidad del incremento. Según la Defensoría, la medida es necesaria para evitar confusiones y posibles afectaciones económicas a los consumidores.

**Se requiere aclarar las facturas emitidas con el aumento tarifario**

La Defensoría instó a ACODECO a aclarar qué monto deben pagar los consumidores en caso de que ya se hayan emitido recibos con el incremento. Esto es crucial para evitar confusiones y posibles afectaciones económicas, especialmente si los consumidores han pagado ya la factura con el aumento tarifario. La Defensoría subrayó que esta aclaración es necesaria para garantizar la protección de los derechos de los usuarios.

**Se busca agilizar la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio**

La Defensoría también instó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a agilizar el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio. Según la entidad, esta acción es clave para promover una mayor competencia y asegurar mejores condiciones para la ciudadanía. La Defensoría considera que la entrada de una tercera empresa puede reducir los precios y mejorar la calidad del servicio.

**Se garantizará la devolución de cualquier diferencia pagada**

Finalmente, la Defensoría subrayó que, en caso de que el aumento tarifario no sea autorizado de manera definitiva, debe garantizarse la devolución inmediata de cualquier diferencia que haya sido pagada por los consumidores durante este periodo. Esto es crucial para proteger a los usuarios y evitar afectaciones económicas innecesarias. La Defensoría considera que esta medida es necesaria para mantener la confianza en el sistema y garantizar la protección de los derechos de los consumidores.