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**El gobierno de El Salvador propone cadena perpetua para menores asesinos o violadores**

El presidente salvadoreño Nayib Bukele presentó una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas. La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, que impuso cárcel de por vida a los "homicidas, violadores y terroristas". El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, justificó la necesidad de esta medida porque la ley penal juvenil siempre garantizaba "recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales".

**La cadena perpetua se aplicaría en casos de menores que cometan delitos graves**

El ministro Villatoro afirmó que el menor que entra voluntariamente a una organización criminal o aquel "que viola o mata" debe "tener un tratamiento diferente" al de quien comete delitos menos graves. La propuesta se basa en la idea de que los menores que cometan delitos graves deben ser castigados con mayor severidad. El ministro también mencionó que la cadena perpetua es una medida utilizada en países como Canadá, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos.

**La reforma debe ser aprobada por el Congreso y ha sido criticada por grupos de derechos humanos**

La enmienda debe ser ratificada por el Congreso, mientras la norma que incluye a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días. La reforma ha sido criticada por grupos de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que denuncian arrestos de miles de inocentes, torturas, muertes en prisión y desapariciones forzadas. El presidente Bukele rechaza las acusaciones y asegura que pretende la liberación de miles de pandilleros.

**La política de seguridad del gobierno de Bukele es controvertida**

El gobierno de Bukele goza de popularidad porque redujo los homicidios a mínimos históricos en su país y desarticuló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Sin embargo, la política de seguridad del gobierno ha sido criticada por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial 91.500 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas. Un informe de Human Rights Watch documentó la detención de más de 3.000 niños y adolescentes bajo este régimen.