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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha rechazado las declaraciones de Panama Ports Company (PPC) y el Grupo Hutchison tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, que sustentaba el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. La AMP afirmó que el Estado panameño tiene el deber de acatar las decisiones de la Corte Suprema y ejecutarlas. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley.

La AMP calificó las afirmaciones de PPC como "falsas e injuriosas" y afirmó que el Estado intentó una transición ordenada después de la sentencia. Sin embargo, denunciaron que PPC se negó a cooperar y ocultó información estratégica, lo que impidió un traspaso coordinado de las operaciones. Ante esta situación, el Estado asumió temporalmente la administración y mantenimiento de ambas terminales amparándose en el artículo 29 de la Ley General de Puertos.

La AMP también destacó que se constató que las instalaciones presentan un deterioro significativo y están alejadas de las mejores prácticas y estándares internacionales exigidos. PPC ha iniciado un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), a la que corresponderá decidir sobre el fondo de la demanda. La Autoridad Marítima de Panamá en representación de Panamá presentará oportunamente sus argumentos y se reserva el derecho de no responder públicamente a los comunicados de PPC hasta la conclusión del arbitraje.

La AMP afirmó que todos los actos administrativos del Órgano Ejecutivo se sustentan en la Constitución Nacional y la ley, y han sido necesarios para ejecutar la sentencia. La Autoridad Marítima de Panamá ha cumplido cabalmente con las reglas del arbitraje y continuará ejerciendo sus derechos y defensas en ese proceso. Se espera que el tribunal arbitral decida sobre el fondo de la demanda y que la Autoridad Marítima de Panamá presente sus argumentos oportunamente.

La situación se desarrolló después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, lo que llevó a que el Estado asumiera temporalmente la administración y mantenimiento de los puertos de Balboa y Cristóbal. La Autoridad Marítima de Panamá ha rechazado las declaraciones de PPC y se prepara para defender sus derechos en el arbitraje internacional. Se espera que la situación se resuelva a través del proceso arbitral.